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Resumen semanal del 23 de diciembre de 2022: FTX, QuadrigaCX y la ley brasileña
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La semana hasta el 23 de diciembre de 2022 dejó numerosas noticias sobre activos digitales: procedimientos de FTX, movimientos de direcciones antiguas y planes de reestructuración. Este es el repaso de aquel período.
Vuelven a moverse direcciones vinculadas a QuadrigaCX
Aunque FTX dominaba los titulares, una de las novedades más sorprendentes afectaba a QuadrigaCX, la plataforma canadiense que había quebrado años antes.
A mediados de diciembre de 2022 se registraron movimientos de unos 104 BTC desde antiguas direcciones vinculadas a QuadrigaCX. Los antecedentes incluían un envío erróneo de unos 104 BTC el 6 de febrero de 2019, del que informó Ernst & Young como supervisor designado judicialmente. Su informe describía un fallo de configuración de la plataforma Quadriga, no una transferencia realizada personalmente por EY. Conocer las direcciones no significaba controlar sus claves privadas.
Los movimientos reabrieron la pregunta de quién podía utilizar los fondos. No identificaban al remitente ni demostraban los rumores de que Gerald Cotten hubiera fingido su muerte. Su fallecimiento había sido anunciado oficialmente.
Según el análisis citado entonces, parte de los BTC pasó a operaciones relacionadas con Wasabi, una cartera con funciones CoinJoin. Eso no equivale necesariamente a depositar fondos en un mezclador con custodia. Su utilización no identifica al responsable ni garantiza que el recorrido sea imposible de analizar.
Muchos clientes seguían reclamando fondos tras el colapso. La expectativa de que el caso continuara en 2023 era una previsión de entonces, no una descripción de su situación actual.
Novedades de FTX
La misma semana, FTX ocupó tanto a los medios especializados como a la prensa generalista. Entre las principales novedades estaban:
- Sam Bankman-Fried fue extraditado de Bahamas a Estados Unidos el 21 de diciembre de 2022.
- El 22 de diciembre quedó en libertad bajo condiciones con un compromiso personal de garantía de 250 millones de dólares. No suponía pagar por adelantado esa cantidad en efectivo ni abonar una multa.
- La SEC y la CFTC presentaron demandas civiles por la participación de directivos de FTX; eran distintas de los procesos penales.
- Caroline Ellison había admitido su culpabilidad el 19 de diciembre y acordado colaborar con la fiscalía federal SDNY. No era una renuncia al cargo ni una exención general de castigo.
Continuaban las disputas concursales, incluidas las relativas a activos reclamados por BlockFi. Una pretensión de propiedad no equivalía a su reconocimiento judicial definitivo. También se buscaba recuperar donaciones políticas presuntamente vinculadas a fondos desviados, sin que ello demostrara que cada donación o destinatario hubiera actuado ilegalmente. Estas referencias corresponden a diciembre de 2022.
Insolvencias y reestructuraciones
La caída de Bitcoin, el encarecimiento de la electricidad y las deudas presionaban a numerosos mineros de prueba de trabajo. Los costes variaban por empresa, por lo que no todos producían con las mismas pérdidas. Core Scientific (CORZ ), una de las mayores mineras cotizadas, solicitó una reorganización bajo el Capítulo 11 el 21 de diciembre de 2022, con planes de seguir operando durante el procedimiento. Para los clientes de Voyager, también en concurso, se anunció el 19 de diciembre que Binance.US había sido seleccionada con una propuesta de compra de unos 1.022 millones de dólares. La operación dependía de aprobaciones y otras condiciones; no estaba cerrada ni garantizaba recuperar todos los fondos. Binance.US finalmente se retiró en abril de 2023.
La ley brasileña
El entonces presidente de Brasil Jair Bolsonaro firmó la Ley 14.478 el 21 de diciembre de 2022. Se publicó el día 22 y preveía entrar en vigor 180 días después. Creó un marco para los proveedores de servicios de activos virtuales, manteniendo las competencias existentes de la CVM sobre los que constituyen valores. La definición contemplaba usos de pago o inversión, pero no convirtió Bitcoin en moneda de curso legal ni obligó a todos los comercios a aceptarlo.
La medida se interpretó como parte del creciente interés por los activos digitales en Centroamérica y Sudamérica. La inflación y el coste de las remesas se citaban como posibles factores, no como una causa común demostrada para todos los países.
La ley establecía principios de gobernanza, transparencia y protección del consumidor, junto con autorizaciones y regulación posterior. No contenía la obligación general explícita de separar activos de clientes y empresas que le atribuía el texto original. El crecimiento futuro de la adopción era una expectativa, no una garantía.
