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Core Scientific solicita protección del Capítulo 11 y prepara su reestructuración
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Pocos días antes de la solicitud de protección por bancarrota informamos sobre una posible solución financiera para la empresa de minería de bitcoin Core Scientific (CORZ ). El prolongado mercado bajista y varias decisiones tomadas en momentos desfavorables habían agravado su necesidad de capital. B. Riley Financial había presentado una alternativa, pero esta no evitó el procedimiento. El 21 de diciembre de 2022, Core Scientific anunció que la compañía y diez sociedades deudoras vinculadas habían presentado voluntariamente solicitudes de reorganización al amparo del Capítulo 11 de la legislación estadounidense sobre bancarrota.
¿Qué llevó a la solicitud?
Otras empresas mineras también sufrían la caída del mercado, aunque algunas podían seguir funcionando sin recurrir a un procedimiento de bancarrota. Core Scientific atribuyó sus dificultades a varios factores:
Según la compañía, el descenso prolongado del precio del bitcoin, el encarecimiento de la electricidad para sus centros de datos y los impagos de determinados clientes de alojamiento de equipos habían deteriorado sus resultados operativos y su liquidez.
La empresa había intentado reducir los gastos operativos y aplazar ampliaciones e inversiones, pero no fue suficiente. B. Riley Financial también había criticado lo que, a juicio de este acreedor, era una estrategia mal planteada: seguir ampliando las instalaciones eléctricas y la capacidad minera sin vender las reservas de bitcoin ni aplicar coberturas frente al riesgo de precio. Esa era la valoración de B. Riley sobre la estrategia.
La solicitud de reorganización
Tras examinar alternativas y mantener conversaciones con las partes interesadas, Core Scientific explicó que esperaba suscribir un acuerdo de apoyo a la reestructuración con el Ad Hoc Noteholder Group, un grupo de titulares de sus bonos convertibles. El procedimiento del Capítulo 11 debía permitir ejecutar la reestructuración prevista; el acuerdo se describía entonces como pendiente de formalización.
Las sociedades deudoras incluidas en las solicitudes eran:
- Core Scientific, Inc.
- Core Scientific Mining LLC
- Core Scientific Acquired Mining LLC
- Core Scientific Operating Company
- Radar Relay, Inc.
- Core Scientific Specialty Mining (Oklahoma) LLC
- American Property Acquisition LLC
- Starboard Capital LLC
- RADAR, LLC
- American Property Acquisitions I, LLC
- American Property Acquisitions VII, LLC
Antes de presentar las solicitudes, Core Scientific había estudiado opciones de financiación, incluida la propuesta de B. Riley Financial.
La compañía indicó que el comité especial de su consejo de administración, tras consultar con sus asesores, consideraba la reestructuración prevista como la mejor vía para sostener el negocio a largo plazo. Era la valoración de la dirección, no una garantía de éxito.
Las solicitudes se presentaron ante el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.
Continuidad de la actividad
Core Scientific pretendía avanzar con rapidez en el proceso de reestructuración y mantener tanto la minería propia como el alojamiento de equipos de terceros. Según la compañía, estas actividades seguían generando flujos de caja claramente positivos si se excluía el servicio de la deuda. Eso no significaba que la empresa o sus operaciones carecieran de deuda.
Los fondos generados por la actividad debían complementar una financiación DIP del Ad Hoc Noteholder Group, es decir, financiación para el deudor durante el procedimiento. El comunicado inicial mencionaba compromisos de hasta 56 millones de dólares y la posibilidad de obtener fondos adicionales. Junto con los flujos operativos, debían financiar la reestructuración y cubrir, entre otros gastos, los honorarios de asesores jurídicos y financieros. La financiación estaba sujeta a condiciones y al procedimiento judicial.
Demanda colectiva de accionistas
En ese mismo período, The Gross Law Firm difundió avisos a los accionistas sobre una demanda colectiva contra Core Scientific. Eran comunicaciones del bufete dirigidas a posibles participantes, no una sentencia que estableciera la responsabilidad de la compañía.
El bufete se dirigía a quienes hubieran comprado acciones de CORZ entre el 3 de enero y el 26 de octubre de 2022. La demanda alegaba que la empresa había publicado información sustancialmente falsa o engañosa sobre su actividad y situación financiera durante ese período. Las acusaciones no habían sido confirmadas por una sentencia.
El 13 de enero de 2023 era la fecha límite anunciada para solicitar el nombramiento como demandante principal. El bufete remitía a los inversores a su formulario de comunicación de pérdidas. No se trataba de un plazo general para todas las posibles reclamaciones de los accionistas. La información corresponde a la situación descrita en diciembre de 2022.
