Regulación
La propuesta Lummis–Gillibrand busca regular los activos digitales
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Tras meses de preparación, dos senadoras presentaron el 7 de junio de 2022 una propuesta integral para regular los activos digitales. El colapso de Luna y UST había puesto de relieve los riesgos del sector y la necesidad de reforzar la protección de los inversores.
¿De qué se trata?
El proyecto, denominado Responsible Financial Innovation Act, fue presentado por las senadoras Cynthia Lummis y Kirsten Gillibrand. Buscaba sentar las bases de un marco regulatorio integral que facilitara la integración de los activos digitales en el sistema financiero existente, un objetivo que Lummis también había expresado públicamente.
Fuente: Twitter @SenLummis
La propuesta destacaba por la trayectoria de Lummis como defensora de los activos digitales y por su carácter bipartidista: Lummis era republicana y Gillibrand demócrata.
¿Qué ámbitos abordaría?
El proyecto cubría los siguientes ámbitos, cada uno con numerosas disposiciones específicas:
- Fiscalidad de los activos digitales
- Innovación en valores
- Innovación en materias primas
- Protección del consumidor
- Innovación en pagos
- Innovación bancaria
- Coordinación entre organismos
También proponía definiciones comunes para términos usados en el sector, donde los debates sobre la clasificación de los activos dificultaban determinar las obligaciones y competencias regulatorias.
¿Qué cambios importantes proponía?
Entre las numerosas disposiciones de la propuesta destacaban las siguientes:
- La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) obtendría competencias claras sobre los mercados al contado de activos digitales que no fueran valores. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) conservaría las competencias sobre los valores y determinadas obligaciones de información vinculadas a contratos de inversión. Las senadoras sostenían que muchos activos digitales se asemejaban más a materias primas que a valores. La propuesta buscaba delimitar esas competencias en un contexto de críticas al enfoque de la SEC basado en medidas de aplicación de la ley.
- Se proponía excluir del ingreso bruto hasta 200 dólares de ganancias o pérdidas derivadas de usar moneda virtual en operaciones personales para adquirir bienes y servicios, agrupando las operaciones relacionadas. La medida buscaba facilitar pagos cotidianos con activos como Bitcoin; el límite se refería a la ganancia o pérdida excluida, no al precio de cualquier compra.
- Los proveedores de servicios de activos digitales tendrían que ampliar la información sobre los riesgos de los productos y servicios ofrecidos.
- Para las stablecoins de pago contempladas en el proyecto se proponían reservas de activos líquidos de alta calidad equivalentes como mínimo al 100% de los importes adeudados, requisitos de información y reembolso a la par. Era un modelo respaldado por activos financieros, en lugar de depender únicamente de mecanismos algorítmicos para sostener el valor.
Las senadoras también publicaron un resumen sección por sección con más detalles sobre las disposiciones propuestas.
En el contexto de la orden ejecutiva de Biden
La preparación del proyecto presentado en junio de 2022 había comenzado meses antes. Formaba parte de un debate regulatorio más amplio en el que también figuraba la Orden Ejecutiva para Garantizar el Desarrollo Responsable de los Activos Digitales, firmada por Biden el 9 de marzo de 2022.
La orden establecía prioridades para proteger a consumidores e inversores, atender los riesgos para el país y promover la innovación responsable y el liderazgo financiero de Estados Unidos.
Impulso regulatorio
La presentación del proyecto reflejaba el creciente interés por establecer reglas claras para los activos digitales. Apenas unos días antes, habíamos informado sobre otro proyecto aprobado por la legislatura de Nueva York. Preveía una moratoria de dos años para nuevos permisos de emisiones de centrales que usaran combustibles de carbono y suministraran electricidad directamente a operaciones de minería con prueba de trabajo (PoW); también afectaría a renovaciones que aumentaran ese consumo. En la fecha de este artículo, la medida había sido aprobada por la legislatura y aún estaba pendiente de convertirse en ley. Nueva York mostraba así una posición estricta en el debate regulatorio. Quedaba por ver si la medida ofrecía una regulación adecuada o impulsaba a las empresas a buscar jurisdicciones más favorables.
