India impulsa el debate sobre criptoactivos en el G20 y propone una declaración de renta común

El 1 de noviembre de 2022, la ministra de Finanzas Nirmala Sitharaman afirmó que India avanzaba rápidamente en tecnología financiera digital. Ese mismo día comenzó el piloto de la rupia digital para operaciones mayoristas.

Nueve bancos participarían en el piloto, centrado en la liquidación de operaciones del mercado secundario de deuda pública y destinado a mejorar la eficiencia interbancaria. El Banco de la Reserva de India (RBI) planeaba entonces iniciar en un mes un piloto minorista de moneda digital de banco central (CBDC) con grupos cerrados de usuarios y comercios.

Las declaraciones se produjeron en la 14.ª conferencia internacional anual sobre el G20 organizada por el Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER) el 1 de noviembre de 2022.

India se preparaba para asumir de Indonesia la presidencia del G20 el 1 de diciembre de 2022 y organizar más de 200 reuniones durante su mandato anual. En aquel momento, el foro agrupaba a Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. La lista corresponde a la composición de entonces.

Los activos digitales y las actividades relacionadas cobraban protagonismo mientras los supervisores buscaban formas de regular el sector. Las discusiones abarcaban criptoactivos, monedas estables, CBDC, NFT y finanzas descentralizadas (DeFi), categorías con características y riesgos distintos. India quería llevar la regulación de los criptoactivos al debate conjunto del G20.

La regulación de los criptoactivos en la agenda de la presidencia india del G20

Antes de asumir la presidencia, Sitharaman había señalado la regulación de los criptoactivos y la coordinación internacional como cuestiones importantes. En la conferencia se discutieron ocho posibles prioridades; eso no significaba que ya se hubiera aprobado una ley mundial sobre criptomonedas.

La ministra pidió cooperación internacional ante los posibles riesgos para la estabilidad financiera y el carácter transfronterizo de las operaciones con criptoactivos.

«Ningún país puede tener éxito por sí solo, de forma aislada, al intentar regular los criptoactivos. Necesitamos que participen todos los miembros del G20 para estudiar la mejor manera de hacerlo», afirmó en la conferencia de ICRIER.

A su juicio, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), la OCDE y los países del G20 debían coordinar sus trabajos.

«Sé que el FSB, la OCDE, el FMI y también el Banco de Pagos Internacionales (BIS) han trabajado en ello. Tendremos que reunir esos trabajos y presentarlos para que los miembros puedan mantener una conversación sustancial», añadió.

El 10 de octubre de 2022, la OCDE había presentado el Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF) a petición del G20. Su objetivo era facilitar la declaración fiscal y el intercambio automático de información entre países. Su aplicación todavía requería legislación nacional y acuerdos jurídicos y operativos; la publicación no puso en marcha automáticamente el intercambio en todos los países.

El 11 de octubre, el FSB publicó para consulta una propuesta de marco internacional para las actividades con criptoactivos. No era una ley mundial ya vinculante. También se informó de una reunión de Sitharaman con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, interpretada como parte de las conversaciones sobre coordinación.

Sitharaman relacionó la regulación con el interés nacional y expresó inquietudes por la posible financiación del terrorismo, el narcotráfico y la elusión de normas. Era su evaluación de los riesgos, no una prueba de que todas las operaciones con criptomonedas fueran imposibles de rastrear o ilegales.

En el mismo acto, el asesor económico jefe del Gobierno, V. Anantha Nageswaran, describió como tercer objetivo de la presidencia buscar soluciones consensuadas a problemas transfronterizos, entre ellos la regulación de activos virtuales.

La autoridad fiscal india propone una declaración de renta común

En noviembre de 2022, India no tenía un marco específico integral para los criptoactivos, lo que no significaba que toda la actividad quedara fuera de la ley. El RBI había restringido en 2018 los servicios bancarios a empresas de criptomonedas; el Tribunal Supremo anuló aquella medida en 2020.

Los NFT también afrontaban incertidumbre jurídica. Eso no los eximía automáticamente de las disposiciones fiscales existentes.

Un proyecto de ley sobre criptomonedas anunciado anteriormente no se había convertido en un marco integral cuando se escribió el artículo. Sin embargo, la Ley de Finanzas de 2022 sí había introducido disposiciones fiscales específicas para activos digitales virtuales (VDA). El 30% gravaba los ingresos de su transmisión, no el valor íntegro de cada activo. Se permitía tener en cuenta el coste de adquisición, por lo que era incorrecto afirmar que no existía ninguna deducción.

El 1 de noviembre de 2022, la CBDT presentó un borrador de declaración de renta común. Se trataba de información fiscal y simplificación de formularios, no de una decisión que creara ese día un nuevo impuesto sobre las criptomonedas.

La propuesta podía afectar a la forma de declarar ingresos y transmisiones de VDA. Tener criptomonedas o invertir en una organización autónoma descentralizada (DAO) no implicaba por sí solo que todo el patrimonio quedase gravado por un nuevo impuesto contenido en el borrador.

La Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) propuso unificar las declaraciones existentes, salvo la ITR-7, en una ITR común. Las ITR-1 e ITR-4 seguirían disponibles como alternativas. La propuesta era más amplia que las criptomonedas e incluía, cuando correspondiera, información sobre ingresos y títulos de capital y deuda extranjeros.

Una propuesta abierta a consulta pública

El artículo describía preguntas del borrador sobre la actividad de entidades extranjeras, sus vínculos comerciales con India, el establecimiento permanente (PE), los usuarios indios y la presencia económica significativa (SEP). Eran cuestiones sobre la conexión fiscal de las actividades afectadas, no una regla general para todos los ciudadanos indios residentes en el extranjero.

Rajat Mittal, abogado fiscal que asesoraba a empresas de criptomonedas y trabajaba en asuntos ante el Tribunal Supremo indio, consideraba que podían verse afectadas las plataformas extranjeras con clientes en India.

Mittal señaló que muchos clientes indios podían plantear cuestiones de SEP y de un posible gravamen de equiparación, o equalisation levy. Era una evaluación condicional. La SEP y la obligación de pagar ese gravamen no eran la misma prueba jurídica; el borrador no sometía automáticamente a él a todas esas plataformas.

India había introducido el gravamen de equiparación en 2016 para determinados servicios digitales transfronterizos y posteriormente amplió su alcance. No era un impuesto general a toda actividad de empresas extranjeras ni a todos los activos digitales.

Según el artículo, las secciones de actividad empresarial o profesional del borrador solicitaban resultados e información sobre ingresos y transmisiones de VDA. La referencia al 30% recogía el tipo especial existente; el propio formulario no creaba un nuevo tipo impositivo.

La CBDT solicitó comentarios de los interesados y del público hasta el 15 de diciembre de 2022. Las preguntas sobre inversiones en entidades sin personalidad societaria también suscitaron dudas sobre ciertas inversiones en DAO. Era una cuestión interpretativa, no una resolución sobre la clasificación jurídica de todas las DAO.

Según las normas introducidas en 2022, los ingresos por transmisión de VDA estaban sujetos al 30%, más los recargos y el cess aplicables, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1961. Se permitía considerar el coste de adquisición, mientras se restringían otras deducciones y la compensación de pérdidas. El impuesto gravaba el ingreso, no automáticamente el 30% del valor íntegro de cada transferencia.

Desde el 1 de julio de 2022 también se aplicaba, conforme al artículo 194S, una retención del 1% sobre la contraprestación por transmisiones de VDA pagada a un residente fiscal, con umbrales y excepciones. El umbral anual era de 50.000 rupias para determinados pagadores definidos y de 10.000 para los demás. No era una retención general sobre cada compra, tenencia o regalo; las donaciones podían estar sujetas a otras disposiciones. El sector y los aficionados a las criptomonedas criticaban la carga fiscal. Esta descripción se refiere al régimen de 2022.